El 21 de junio, la última persona encarcelada en el caso del quai de Valmy compareció ante el juez de la aplicación de las penas (JAP) para una solicitud de reducción de la pena.
Esta persona ha estado en prisión por casi un año y medio y la fecha programada para su liberación es en febrero del 2019. La audiencia se llevó a cabo nueve meses después de la presentación de la solicitud, a pesar del plazo de 4 meses establecido por la ley. La administración de prisiones y p.m. han expresado una opinión desfavorable a su liberación, argumentado por su obstinado silencio sobre los hechos. El JAP decide deliberar el 11 de julio.
Aparentemente, no fue suficiente tomar la decisión tres semanas tarde, tres semanas de expectativas y esperanzas. El 11 de julio, el silencio de la radio del JAP, y el día 12, nos enteramos de que la resolución se pospuso “a principios de la próxima semana”. Estos constantes contratiempos, ya sean pensados o simplemente debido a la negligencia de quienes tienen en sus manos la libertad de los demás, desgastan los nervios de los presos y sus seres queridos. Conducen a la impotencia generada por la situación de estar atrapado en la maquinaria carcelaria. Cuando pensamos que muchos de los detenidos no conocen las leyes en absoluto, no tienen a nadie, algunos ni siquiera saben francés, podemos imaginar que muchas personas se encuentran completamente a merced de la arbitrariedad penitenciaria. Ya hemos visto a personas permanecer adentro incluso si estuvieran sujetas a liberación durante varios días, sin la posibilidad de comprender lo que estaba sucediendo.
Si el AP y el Estado que intentan separar a los detenidos y sus seres queridos con medidas tan pequeñas y tan grandes arbitrarias y hostiles, nos volvemos palos en las ruedas de este sistema demasiado bien engrasado.
¡Cada día pasado en la cárcel son demasiados días!
¡Por la destrucción de todas las prisiones!
Actualización, 17 de julio. El tribunal de ejecución de las sentencias desestimó el recurso.
