El 25 de septiembre de 2023, el Tribunal de Apelación de Nancy volvió a procesar al compañero anarquista Boris, por haber incendiado las antenas repetidoras de los cuatro operadores de telecomunicaciones, así como las de los policías y gendarmes, en abril de 2020 en el Mont Poupet (Jura).
Tras estos atentado, que movilizó a técnicos del Ministerio del Interior hasta el Jura para intentar restablecer las comunicaciones lo antes posible, se encontró en el lugar el ADN del compañero. Tras meses de escuchas telefónicas y seguimientos por parte del Grupo Antiterrorista de Dijon (GAT) y de miembros del GIGN que se habían desplazado especialmente desde Versalles, Boris fue detenido en Besançon el 22 de septiembre de 2020 en el marco de una investigación asignada a la Jurisdicción Interregional Especializada de Nancy (JIRS).
En prisión preventiva en el centro penitenciario de Nancy-Maxéville, fue condenado en primera instancia el 19 de mayo de 2021 a 4 años de prisión, dos de ellos suspendidos en libertad condicional (con obligación de trabajar, reembolsar a las partes civiles y prohibición de llevar armas). Boris fue juzgado sin abogado y en una sala custodiada por policías antidisturbios para impedir el acceso de todos los compañerxs solidarixs presentes (con el pretexto de las restricciones covid-19), pero apelará en los próximos días. También emitirá una carta pública desde detrás de las rejas en junio, en la que expondrá las razones de este doble ataque.
El 7 de agosto de 2021, cuando la fecha de apelación se había fijado para finales de septiembre, un incendio en la celda donde estaba detenido le causó graves heridas (dejándole tetrapléjico). Sumido en coma durante varios meses con pronóstico de vida o muerte, su habitación estuvo vigilada por dos gendarmes hasta que el Tribunal de Apelación de Nancy levantó su detención el 20 de septiembre de 2021. Lo que siguió fue un largo periplo médico para el compañero en varios hospitales, donde tuvo que seguir luchando tanto contra las autoridades médicas como contra otras instancias judiciales (en particular contra un intento de ponerle bajo tutela a petición del médico jefe del departamento de cuidados paliativos de Besançon).
En cuanto al Tribunal de Apelación de Nancy, si bien la fijación de una fecha de audiencia para la quema de las antenas se había suspendido sine die (sin plazo N. del T.) durante dos años en vista del estado de salud de Boris, fue a mediados de julio de 2023 cuando decidió repentinamente volver a convocarlo. Para ello, utilizó el vil pretexto de que su compañero había conseguido hablar por vídeo desde el hospital ante otro tribunal en marzo de 2023, ¡para informar con éxito a un juez de que se oponía a cualquier forma de tutela (por parte del Estado o de la familia)!
Ahora que vive en una casa adaptada, Boris ha decidido finalmente aceptar la vista del 25 de septiembre de 2023 ante el Tribunal de Apelación (por videoconferencia), para que esta historia pueda llegar a su fin. Mientras algunos de sus compañeros estaban presentes en la sala del tribunal de Nancy con su abogado, otros estaban con Boris en su habitación adaptada, ayudándole con los pormenores del Wi-Fi y la traqueotomía. Para que conste, Boris también se había preocupado de ajustar el ángulo de la pequeña cámara para que el cartel que colgaba de su pared, «De l’ombre des villes aux lueurs de l’insurrection» («De las sombras de las ciudades al resplandor de la insurrección. N. del T.), apareciera detrás de él y delante de los jueces.
En cuanto a la audencia en sí, todo fue odioso, como lo es el día a día de cualquier tribunal en el que unos miserables con toga se toman la libertad de juzgar la vida de los demás y enviar a una gran parte de ellos al instrumento institucional de tortura que es la cárcel. Con todo lo que caracteriza a este tipo de carroñeros cuando se enfrentan a individuos que se desvían de la norma. Por ejemplo, aunque conocía perfectamente el estado físico del compañero, ello no impidió al juez Pascal Bridey pedirle repetidamente que levantara la mano si deseaba hablar. O que el fiscal Hadrien Baron, en su alegato final, ironizara sobre el hecho de que Boris había sido víctima del incendio de una celda (accidental, según el informe pericial), mientras que él mismo había quemado unas antenas. Una especie de castigo divino, según esta submierda al servicio del más frío de los monstruos fríos. En cuanto al abogado de la empresa Orange, que había venido especialmente desde la capital, no pudo resistirse en señalar que, aunque Boris estaba en contra de la tecnología, ésta podía serle muy útil… como esta videoconferencia que le permitía ser juzgado sin tener que desplazarse (sic).
Por su parte, Boris sonrió ampliamente mientras el juez leía el expediente del caso, que incluía el incendio de las instalaciones técnicas de una antena de SFR en Mont Bregille (Besançon), ocurrido dos semanas antes de los del Jura, y por el que el compañero había sido finalmente exonerado.
Como lo haría al leer este extracto de su declaración bajo custodia policial, en la que, a la pregunta, «¿cómo se sintió después de cometer este acto?», respondió: «me sentí feliz de haber tenido éxito en este desafío, de haberme superado a mí mismo y de haber asestado un golpe al desarrollo de esta nueva tecnología». Antes de concluir agregó: «Estaba solo y asumo la responsabilidad de haber cometido estos actos».
Tras este resumen sin ambigüedades, el juez preguntó a Boris si tenía algo que añadir más de tres años después de los hechos. Durante esta comparecencia poco frecuente ante el tribunal, Boris dijo con sobriedad: «Eso es seguro, estaba decidido en aquel momento», antes de decidir guardar silencio y dejar que su abogado continuara en su lugar.
Al final de la audiencia, que duró apenas una hora, la abogada de Boris se preguntó primero en voz alta sobre «el sentido de la sentencia», habida cuenta del grave estado de salud del compañero, antes de señalar que incluso si el incendio de la celda no hubiera sido accidental, sino un acto de rebelión o desesperación, como ocurre regularmente en prisión, ello no restaría responsabilidad primaria a los verdugos que encierran a lxs prisionerxs.
Concluyó su argumentación diciendo que, si bien Boris ya no podía seguir poniendo en práctica sus ideas de la misma manera que en abril de 2020, no era ciertamente porque hubiera cambiado de convicciones, ¡al contrario!
No hace falta decir que el compañero estaba bastante satisfecho con esta explícita defensa, y cuando el juez hizo el último intento de humillarle preguntándole, con chorreante paternalismo: «¿Ha entendido lo que ha dicho su abogada?», él respondió con cara seria: «¡Sí, y estoy de acuerdo con ella!».
Por otra parte, los dos abogados que representaban a las partes civiles (Orange y el agente jurídico del Estado para las antenas de la policía y la gendarmería) reclamaron fríamente la devolución de su dinero por los daños causados, parloteando como era de esperar sobre la gravedad de los daños. En cuanto al fiscal, señaló de antemano que este atentado no fue aislado en su momento (con 175 en todo 2020, es decir, casi uno cada dos días), y que el Estado había temido en su momento que su multiplicación, «si se hubiera juntado con otros contra la energía y el agua», podría haber puesto «al país de rodillas en tres días». Sobre la base de esta presunción de acción coordinada, justificó los medios de investigación antiterrorista desplegados contra su compañero, así como la pesada sentencia de primera instancia (aunque la acusación de asociación de «malfaiteurs» fue finalmente retirada al término de la instrucción)… antes de exigir «habida cuenta de los graves perjuicios causados al Sr. X durante su detención», una condena firme de 8 meses «que cubra su detención preventiva» (según sus malos cálculos).
La sentencia definitiva se dictó el 25 de octubre de 2023, condenando, como era de esperar, a Boris al equivalente de un año de prisión preventiva, más 1.000 euros a Orange y al agente judicial del Estado para sus abogados, más 169 euros por recurrir y ser declarado culpable, más la confirmación de las «reparaciones» concedidas a las partes civiles en primera instancia (unos 91.500 euros a Orange, Enedis y el agente judicial del Estado, ya que las demás compañías de telefonía móvil habían abandonado el caso). Para que conste, se dijo a los abogados de esta última al salir del tribunal, que si sus representantes se atrevían a intentar sacar dinero del compañero en un futuro próximo (es decir, concretamente de su AAH), esto les causaría sin duda una nueva publicidad que preferirían evitar…
Por el momento, sólo queda un procedimiento judicial en curso, el que está en manos de un juez de instrucción de Nancy en relación con el incendio de la celda.
Una vez más, fuerza y coraje para Boris, que a mediados de noviembre recibió la famosa «silla de la competencia», por la que da las gracias a todxs lxs que ayudaron a financiarla solidariamente, y que ahora le ofrece nuevas posibilidades de autonomía.
Anarquistas solidarios,
16 de enero de 2024
Traducido por Informativo Anarquista
